Novak Djokovic, tenista exitoso de nacionalidad serbia, ganador de 20 Grand Slams, se encuentra retenido en Australia como inmigrante ilegal, debido a que para la participación en el Abierto de Australia (Australian Open) presentó una exención médica provista por la Federación Australiana de Tenis que no ha sido aceptada por las autoridades del país. O sea, no presentó prueba de vacunación y no ha logrado justificar fehacientemente una razón de peso para no presentarla.
Las dificultades legales migratorias y de otras índoles que trae el tema de las vacunas no son pequeñas, y se mantendrán sorprendiendo a la gente constantemente. Situación similar vivió en ese mismo país la tenista rusa Natalia Vikhlyantseva, no por falta de vacunación, sino porque su vacuna era la Sputnik, de fabricación rusa y que no es aceptada como válida en Australia.
Las reglas sobre temas migratorios, e incluso afección de derechos fundamentales, en pro de la salud, han estado bajo el ojo de la mira de las poblaciones en todo el mundo, y de abogados constitucionalistas. Existen quienes cuestionan incluso si la imposición en un Estado de una vacuna sobre otra es muestra de que lo que hay es un tema de negocio más que de salud pública. La realidad es, que si se va a viajar a otro país no basta con estar vacunado con todas las dósis disponibles, sino confirmar si la marca de su vacuna es aceptada en el país al que va a viajar. Las políticas de vacunación y de pruebas médicas se han vuelto parte fundamental para los migrantes entre países, y varían dependiendo del país que se trate. No enterarse con tiempo de cuáles son estas pueden ocasionar contratiempos muy serios.
Cada Estado es soberano en la imposición de sus reglas migratorias. Igualmente, en cuanto a temas de salud pública, los países son soberanos en crear sus leyes, reglamentos y resoluciones.
Hay que tomar en cuenta que lo establecido por una autoridad administrativa tiene, según los principios del derecho administrativo, una presunción de legalidad, la cual debe ser destruida en los tribunales pertinentes antes de intentar la desobediencia sobre la regla. En nuestro país los principales tribunales para atacar las decisiones de derecho público, si las consideramos contrarias a los derechos y garantías constitucionales, o ilegales, son el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional. De eso hablaremos más en detalle en otro momento.
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